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Redacción: Energía a Pulso

El debate sobre la posible explotación de gas natural no convencional en México entró en una nueva etapa luego de que el comité científico y técnico encargado de analizar la viabilidad de esta actividad presentara sus primeras conclusiones. El planteamiento del grupo de especialistas no representa una autorización general para utilizar el fracking, sino una ruta condicionada a la comprobación de factores geológicos, hídricos, ambientales, económicos y sociales.

La discusión adquirió relevancia debido a la elevada dependencia de México respecto del gas natural proveniente de Estados Unidos. De acuerdo con información presentada por el Gobierno federal, alrededor de 75% del gas que consume el país es importado, mientras que México cuenta con importantes recursos prospectivos de gas no convencional en distintas cuencas del norte y noreste.

Uno de los principales hallazgos es que México dispone de un volumen considerable de recursos prospectivos de gas no convencional, distribuido principalmente en las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla.

Sin embargo, contar con recursos en el subsuelo no significa que todo ese volumen pueda ser extraído de manera viable. Antes de hablar de producción a gran escala será necesario determinar cuánto gas puede recuperarse efectivamente y bajo qué condiciones.

Una de las conclusiones del comité fue descartar la explotación mediante fracking en la cuenca Tampico-Misantla, debido a las condiciones sociales y ambientales identificadas en esa región.

El elemento que probablemente determinará el futuro de cualquier proyecto de fracking en México será la disponibilidad de agua para realizar las operaciones.

El comité determinó que no debería utilizarse agua dulce destinada al consumo humano, la agricultura u otras actividades productivas. Como alternativas se plantea recurrir a agua salada proveniente de formaciones profundas o a agua residual que pueda ser sometida a tratamiento.

Además, se plantea alcanzar un nivel de reutilización de al menos 75% del agua empleada y mantener sistemas permanentes de vigilancia ambiental.

El comité planteó que los proyectos de fracking no pueden evaluarse únicamente desde la perspectiva de la disponibilidad del recurso. También será necesario determinar si los proyectos son económicamente competitivos, si existe infraestructura suficiente y los esquemas de participación que permitirán el desarrollo de los campos.

El debate ya no se centra simplemente en decidir si México debe utilizar o no el fracking, sino en determinar dónde podría ser técnicamente viable, con qué recursos hídricos, bajo qué controles ambientales, con qué rentabilidad para no comprometer el agua, los ecosistemas y a las comunidades.