Compartir

La ICC asegura que con la Ley de la Industria Eléctrica se avecina una oleada de amparos y controversias constitucionales.

La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) criticó que la reforma eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, supone un “retroceso” en el combate a la crisis climática y un “riesgo” para la economía.

“La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) representa un retroceso en la lucha contra el cambio climático, una afrenta a la salud y un riesgo para la economía nacional”, señaló la ICC en un comunicado.

“La ICC México considera que existen elementos para sostener que la reforma a la LIE es inconstitucional y anticonvencional”, expresó el organismo.

A su juicio, la reforma “viola” la defensa de los derechos humanos, el derecho a la salud y a un medioambiente sano, el principio de seguridad jurídica, la prohibición de monopolios y el respeto a los tratados internacionales.

Aseguró que “es contraria” a la protección de la inversión extranjera, a la competencia y a las prácticas reguladoras del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde julio del año pasado.

“Como consecuencia, se advierte una oleada de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, por lo que será el Poder Judicial el encargado de determinar la prosperidad o muerte de la reforma”, advirtió la ICC.

El organismo recordó que, en el pasado, los tribunales ya defendieron “con gallardía” a la Constitución y a los acuerdos internacionales suscritos de México.

Puso como ejemplo que intentos anteriores del gobierno para eliminar los Certificados de Energía Limpia, suspender las pruebas de las centrales eólicas y fotovoltaicas e incrementar las tarifas para los sectores energético, industrial y comercial.

Desde que llegó al poder en 2018, López Obrador ha expresado su voluntad de revertir parte de la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que abrió el sector a la participación privada.

Desde su punto de vista, los gobiernos anteriores “saquearon” a las empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), para beneficiar a compañías privadas extranjeras.