La ICC México detalla que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica establece de nueva cuenta un monopolio estatal y explicó que existen los elementos para considerar que la LIE es inconstitucional.
Crédito: ICC México.
Los cambios aplicados a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y los efectos negativos para el desarrollo del mercado dependerán de las decisiones que tome el Poder Judicial ante los recursos legales que se presenten por parte de los afectados, consideró la Cámara Internacional de Comercio México (ICC, por sus siglas en inglés) pues considera que de aprobarse dicha ley afectará a inversiones, los principios de austeridad y contraviene a los compromisos asumidos por el país en tratados.
El organismo comentó que el proyecto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Legislativo, impactará en consumidores finales del servicio básico y calificados, desarrolladores, generadores, permisionarios y sus socios autoabastecidos, la salud de la población en el país, al medio ambiente y la economía nacional.
Consideró que es “innecesario y contraproducente someter al país a un debate donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya sentenció previamente en contra de los principales argumentos de la iniciativa preferente de reforma”.
En caso de que el Poder Judicial permita que prospere la aplicación de la reforma, “se advierte una oleada de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, por lo que será el Poder Judicial el encargado de determinar la prosperidad o muerte de la reforma”, puntualizó Claus Von Wobeser, presidente de la ICC México.
“La ICC México confía en la independencia, autonomía y capacidad del Poder Judicial federal, el cual, como ya ocurrió en el pasado, ha defendido con gallardía la dignidad de nuestra Carta Magna y de los acuerdos internacionales de los que México es parte”, señaló Von Wobeser en rueda de prensa.
Señaló que al dar preferencia a la energía que despacha la Comisión Federal de Electricidad (CFE), genera un trato discriminatorio por parte del Estado mexicano para las demás empresas participantes y establecería nuevamente un monopolio estatal.El ICC llamó a los legisladores a hacer un análisis crítico y detallado a través de un Parlamento Abierto, pues de lo contrario no se cumplirán los motivos de la reforma como garantizar la calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y el incremento de las tarifas del servicio eléctrico en términos reales para el consumidor final, entre otros.
También señaló que es anticonvencional por ser contraria a los principios de protección a las inversiones extranjeras y a tratados internacionales como el T-MEC, Tratado de Asociación Transpacífico, los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París.