De aprobarse la contrarreforma, México enfrentará demandas hasta por 20 veces el monto de inversión involucrado: ICC

Redacción: Energía a Pulso 

De aprobarse la contrarreforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, México multiplicará el riesgo de enfrentar litigios internacionales por reclamos millonarios hasta por 20 veces el monto de inversión realizada.

La inversión realizada por los empresarios nacionales y extranjeros en proyectos eléctricos,  actualmente está estimada en 44,000 millones de dólares, advirtió la International Chamber of Commerce México (ICC México).

Pese a que Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que el estado mexicano no indemnizará a los privados por suspender sus operaciones en los proyectos eléctricos como parte de una modificación constitucional, Gabriela Álvarez Ávila, presidenta del Comité de Arbitraje del organismo internacional, respondió que sí existe una expropiación directa y está contemplada en los tratados internacionales firmados por México, como parte del reclamo del inversionista sobre daños y perjuicios. 

Asimismo, alertó al Congreso mexicano que un procedimiento de arbitraje internacional tiene una duración de cuatro años en promedio y “lo más seguro es que no le tocará a este gobierno lidiar con laudos internacionales”, pero serán los mexicanos los que cargarán con el costo millonario de los litigios, afirmó. 

La especialista del ICC explicó: “una empresa puede haber invertido 15 millones de dólares, pero al interponer el reclamo invertido más las utilidades esperadas, el monto puede rondar hasta los 200 millones. Y la decisión de los tribunales podrían venir disminuidas entre 70 y 100 millones de dólares, dependiendo del proyecto energético”.

“Cambiar las reglas del juego de manera abrupta y destruir ciertos derechos adquiridos por parte de los inversionistas, estos pueden reclamar ante instancias internacionales una compensación… porque aunque no hay un decreto expropiatorio o no se está proponiendo la adopción de un decreto expropiatorio como tal, el efecto de estas medidas es similar a una expropiación y en ese sentido los inversionistas extranjeros pueden plantear en la expropiación y la consiguiente compensación por la expropiación”, señaló Álvarez.

La reforma al artículo 25, 27 y 28 de la Constitución y nueve transitorios, atenta contra el Estado de Derecho al violentar principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresión en materia de derechos humanos; además representa una transformación más amplia al involucrar aspectos de transición energética que no se limitan al sector de la electricidad.

Desde la perspectiva de la Cámara de Comercio Internacional, México corre el riesgo de retroceder, por lo menos, cuatro décadas en la generación de energía eléctrica, así como de enfrentarse a problemas de reputación internacional creando incertidumbre y desconfianza para la inversión extranjera directa en México.

“La ICC México hace un atento y respetuoso llamado a los legisladores para poner un alto a la iniciativa de reforma constitucional enviada desde la Presidencia de la República, porque significa no sólo una simple modificación a la Carta Magna, sino quitar a México la visión de modernidad que poco a poco se venía registrando en los recientes años y en los cuales se habían sentado las bases para entrar al Primer Mundo en aspectos de manejo del medio ambiente”